El peronómetro existe.
Raul Yuyo Ludueña
Raul Yuyo Ludueña
Es importante recordar algunos aspectos de la Constitución peronista del 49. Esto viene a cuento porque estoy harto de escuchar a muchos que se dicen peronistas decir que no existe el “peronómetro”. Falso, cualquiera que lea la doctrina puede diferenciar un conservador de derecha de un peronista.
Ciertos “justicialistas” se camuflan detrás de un discurso: es más fácil aceptar que para ser peronista basta con declararse a tener que demostrar con acciones su pertenencia. Si hay que venderse es mejor ser neutro, aparecen más compradores.
En la Constitución del 49 el peronismo reafirma los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación, de la cultura (art. 37). Nacidos de la movilización popular, muchos de ellos ya habían sido recogidos por la legislación social del gobierno peronista; ahora tenían rango constitucional. Se ratificó el respeto a la propiedad privada y se le reconoció una función social; su ejercicio debía aceptar la primacía del bien común (art. 38). Ello es así porque “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social” (art. 39). “La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social” (art. 40). Se autorizó al Estado a intervenir en la economía, nacionalizar activos y actividades estratégicas para el desarrollo y la soberanía nacional; se definió un procedimiento riguroso para la nacionalización de servicios públicos y otros bienes y empresas cuando el interés nacional lo requiriera, y se declararon “propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación” todas las fuentes naturales de energía. El comercio exterior quedó a cargo exclusivo del Estado; en el resto de las actividades económicas se garantizó la libre iniciativa privada, salvo que tuviera como finalidad “dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”.
La Argentina de esa Constitución fue la del pleno empleo, el salario remunerador, la masificación de la educación y la salud públicas, la caída de la mortalidad infantil y el alza de la esperanza de vida; de la industria que producía aviones, barcos, camiones y automóviles; que exportaba alimentos, manufacturas, cultura, ciencia y tecnología.
Si alguien se dice peronista y no comparte estos postulados deberá revisar sus convicciones o sacarse la carta.
El peronómetro existe, basta leer la Doctrina Nacional Justicialista para descubrir a los impostores.
Ciertos “justicialistas” se camuflan detrás de un discurso: es más fácil aceptar que para ser peronista basta con declararse a tener que demostrar con acciones su pertenencia. Si hay que venderse es mejor ser neutro, aparecen más compradores.
En la Constitución del 49 el peronismo reafirma los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación, de la cultura (art. 37). Nacidos de la movilización popular, muchos de ellos ya habían sido recogidos por la legislación social del gobierno peronista; ahora tenían rango constitucional. Se ratificó el respeto a la propiedad privada y se le reconoció una función social; su ejercicio debía aceptar la primacía del bien común (art. 38). Ello es así porque “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social” (art. 39). “La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social” (art. 40). Se autorizó al Estado a intervenir en la economía, nacionalizar activos y actividades estratégicas para el desarrollo y la soberanía nacional; se definió un procedimiento riguroso para la nacionalización de servicios públicos y otros bienes y empresas cuando el interés nacional lo requiriera, y se declararon “propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación” todas las fuentes naturales de energía. El comercio exterior quedó a cargo exclusivo del Estado; en el resto de las actividades económicas se garantizó la libre iniciativa privada, salvo que tuviera como finalidad “dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”.
La Argentina de esa Constitución fue la del pleno empleo, el salario remunerador, la masificación de la educación y la salud públicas, la caída de la mortalidad infantil y el alza de la esperanza de vida; de la industria que producía aviones, barcos, camiones y automóviles; que exportaba alimentos, manufacturas, cultura, ciencia y tecnología.
Si alguien se dice peronista y no comparte estos postulados deberá revisar sus convicciones o sacarse la carta.
El peronómetro existe, basta leer la Doctrina Nacional Justicialista para descubrir a los impostores.
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